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Esta misa no está dicha

 

  • Redacción NoticiasFuerteventura
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    La alegría que muestran los enemigos del Estado de Derecho por la reciente sentencia del Supremo sobre el litigio que enfrenta al honor del juez Pamparacuatro con la libertad de expresión de un periodista que denuncia su pésima instrucción en el “caso Unión”, es mi propia alegría…, por cuanto sólo estamos en la mitad del procedimiento (todavía restan recursos ante el Constitucional y Luxemburgo al tratarse de un derecho fundamental), y cuando en esta mitad los distintos tribunales han rebajado las pretensiones de Pamparacuatro de 650.000 euros a 43.000 euros.

     

    En realidad, tanto el citado juez como la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife, reciben un serio varapalo al haber triplicado la primera sentencia en una visión corporativista de un debate que debiera situarse ajeno a lo personal y lo sectario.

     

    No fui yo quien, con un juez predeterminado al mando de un juzgado de Arrecife, me divertía en la fiesta de Los Indianos de La Palma mientras, al mismo tiempo, firmaba resoluciones del “caso Unión” como si no existiese ese juez sustituto.

     

    No fui yo quien empezó la investigación del caso sin un auto previo. Ni quién “perdió” la grabadora que inició el asunto con la célebre conversación entre Carlos Espino y Fernando Becerra, algo insólito pues es una investigación que carece de su principal soporte de verosimilitud, con grabaciones sospechosas, que perfectamente pudieron ser alteradas. Es la grabación original lo que condena al juez Salvador Alba, la demoledora prueba avalada por distintos peritajes de la Guardia Civil, y la Policía Científica.

     

    No fui yo quien escribió el “informe Barrancos”: fue una jueza asustada que, una vez que se hizo cargo de la herencia de Pamparacuatro, no dio crédito a lo que vio. Y lo denunció… Ni tampoco fui yo quien, desde la Fiscalía, en una conversación privada, escuché: “hemos heredado un caso Frankestein al que estamos intentando insuflar vida”.

     

    De cómo Pamparacuatro y el fiscal Ignacio Stampa han salido ilesos de este desastre, reconocido por el magistrado Emilio Moya en la primera sesión, se me ocurren muchas cosas y casi ninguna favorable al correcto uso de las instituciones públicas. Tanto el uno como el otro han sido protegidos por sus superiores en todo momento. Todo lo contrario de lo sucedido con mi persona, donde me he encontrado, salvo casos muy aislados, con tribunales hostiles y con opiniones prejuiciosas antes de que se iniciara mi defensa. Si en España no se le puede decir a un juez o a un fiscal que ha cometido errores en su trabajo, entonces es que no estamos en Europa y lo único que nos falta es colocar a otro Franco al frente del Estado.